Resumen: La nulidad parcial entraña especial dificultad cuando incide sobre un elemento probatorio estrechamente vinculado a otros. Es decir, cuando esa anulación parcial rompe el marco unitario de valoración probatoria. Así se ha descartado con carácter genérico cuando se trate de prueba que afecte a los mismos hechos. La nueva prueba a practicar de alguna manera estaba orientada a incidir en el juicio valorativo de la que integraba la principal prueba de cargo, la declaración testifical de la joven. La indefensión que se alega por no haberse podido examinar a la víctima y a los otros testigos que ya habían declarado en el juicio oral sobre las manifestaciones que la víctima había realizado a la autoras de los nuevos informes periciales, no constituye en ningún caso una indefensión material, dado que dichas manifestaciones no difieren ni se apartan del núcleo esencial de la declaración de la menor en el juicio oral. El dictado de una primera sentencia en la que se otorgó credibilidad a la testigo no es suficiente para entender quebrada la imparcialidad en ninguna de sus vertientes. La reparación completa del perjuicio sufrido no conlleva necesariamente la apreciación de la atenuante como muy cualificada. Hubo prevalimiento basado en la autoridad que en ese momento representa quien actúa como cuidador en un centro de acogida donde la adolescente se encontraba ingresada. La pena mínima de 5 años es coincidente con la impuesta, por lo que la nueva legislación no es más favorable.
Resumen: La Audiencia condena a la acusado como autora de un delito continuado de estafa. La acusada, aprovechando que tenía acceso a tarjetas bancarias de la persona que cuidaba y conocía el número secreto que permitía operar con ellas, extrajo en diversas ocasiones dinero mediante ellas sin consentimiento ni autorización de su titular. El tribunal considera que estamos ante un delito de estafa del art. 248.2 CP, tras analizar sus elementos, conforme a la jurisprudencia, y examinar su encaje en los hechos enjuiciados. Se concluye que la identificación a través del número secreto genera una presunción de uso del sistema por parte de su titular y, por ello, debe incluirse como una modalidad de manipulación informática a los efectos de aplicar el art. 248.2 CP el mero hecho de utilizar el número secreto de otro para identificarse ante el sistema, aunque incluso dicho numero hubiese sido obtenido al margen de cualquier actividad delictiva. La continuidad delictiva. Se descarta la apreciación de la agravante específica en razón a las relaciones personales habidas entre la acusada y su víctima.
Resumen: Delito continuado de incendio forestal. Infracción del principio acusatorio, al no poder rebatir en casación la aplicación del delito imprudente continuado. Es cuestionable esta calificación pero la reformatio in peius impediría su punición por separado. Concepto de indefensión. Se necesita que sea material sin que baste la infracción procesal. Alcance del principio acusatorio. Doctrina de la Sala. No se aprecia la acusación por delito doloso y condena por imprudente. Distinción dolo eventual y culpa consciente. Concepto de imprudencia grave.
Resumen: Alcance de la función revisora que corresponde al tribunal de apelación sobre la valoración probatoria efectuada por el tribunal de instancia y, en concreto, sobre la explotación que éste haya realizado de la prueba circunstancial o indiciaria. Incredibilidad del testimonio de la mujer víctima de la agresión que indica una causación accidental de las mismas contra lo que resulta del resto de prueba practicada. Irrelevancia a efectos de integración del tipo penal de amenazas de la afirmada ausencia de miedo por la destinataria de las mismas. Directrices jurisprudenciales elaboradas en materia de drogadicción como circunstancia capaz de modificar el grado de responsabilidad de una persona.
Resumen: ABUSO SEXUAL: tocamiento de zonas erógenas a un niño de cuatro años. DISPENSA DEL ART 416 LECRIM: la actual redacción supone una fórmula de escape que libera al testigo-pariente de la obligación de colaborar en la investigación del hecho punible. Mecanismo de protección al testigo. Su aplicación se tiene que enmarcar en la madurez del sujeto y no en su edad biológica. Es un acto personalísimo que no puede ser ejercido por el Ministerio Fiscal ni por el órgano judicial. PRUEBA PRECONSTITUIDA: contenido y valoración. Revisión de su correcta práctica y uso de los criterios orientadores de la valoración de la testifical de la víctima. PRUEBA DE CARGO: valoración conjunta de la prueba y elementos corroboradores de la declaración del menor. CONTENIDO DEL DELITO: aplicación de la legislación vigente en el momento de la comisión del hecho al ser más beneficiosa para el acusado. La acción cometida tiene un contenido evidente que afecta a la libertad sexual del menor que, por su edad y su relación con el agente, no podía negar su consentimiento. DELITO CONTINUADO: actos de contenido unitario, engarzados en un único propósito y conectados en tiempo y espacio. DAÑO MORAL: sentimiento de dignidad lastimada, deshonor...Se estima a tanto alzado.
Resumen: Requisitos para la apreciación de la circunstancia agravante de reincidencia. Cancelación de antecedentes.
Resumen: El control de racionalidad de la inferencia no implica la sustitución del criterio valorativo del Tribunal sentenciador por el del Tribunal casacional. La realización de un juicio de inferencia del Tribunal "a quo" sólo resultará cuestionado si fuese contrario a las reglas de la lógica o a las máximas de la experiencia.
Resumen: Aplicando la doctrina jurisprudencial que se cita, la sentencia descarta la unidad natural de acción en el delito de estafa, ya que no existe conexión espacial entre los actos de disposición fraudulentos realizados por el acusado con la tarjeta de crédito y, ni el primero de dichos actos se halla encadenado estrictamente a los subsiguientes para hacerlos posibles, ni supone la preparación para un determinado objetivo, ni los actos siguientes al primero se desarrollaron o procedían directamente de éste, por lo que no existe, como define la doctrina, una vinculación de significado entre tales actos que permita una unidad de valoración jurídica y que puedan ser juzgados como una sola acción, ya que se trata de actos fraudulentos realizados en la misma noche, en corto espacio de tiempo, en distintos momentos de ese intervalo horario, consumándose la acción fraudulenta con cada una de las disposiciones que realizó el recurrente con la tarjeta en diferentes lugares, obteniendo el consiguiente lucro económico. Con independencia del tiempo que lleva en España el recurrente, se considera que la situación irregular en la que se encuentra, unida a su falta de arraigo laboral y ocupacional, resulta determinante para acordar la sustitución de las penas de prisión impuestas por su expulsión del territorio nacional.
Resumen: El Tribunal recuerda que el artículo 132 del Código Penal establece respecto de los delitos continuados y permanentes, que los plazos de prescripción del art. 131.1, se computarán desde el día en que se realizó la última infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta. Por tanto, teniendo en cuenta que tal y como se expone en la denuncia la reclamación se circunscribe únicamente al impago de la pensión de alimentos establecida a favor de la hija común (la que se establecía a favor del hijo sí que estaría prescrita por haberse declarado su situación de desamparo y tutela por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa el 29 de enero de 2013, siendo que desde este momento no cabría que la madre reclamase alimentos a favor del hijo, habiendo transcurrido más de cinco años desde entonces hasta la interposición de la denuncia), situación esta de impago que subsiste en la actualidad según reconoce el propio investigado, no podemos declarar prescrito el delito previsto en el art. 227 CP que derivaría del impago de dicha pensión de alimentos.
Resumen: El Tribunal afirma que los hechos contenidos en el auto de continuación por los trámites de procedimiento abreviado que dio lugar al primer procedimiento y en el que el acusado resultó condenado recogía que éste llegó incluso en alguna ocasión a forzar a la víctima a mantener relaciones sexuales, por lo que llega a la conclusión de que dicho hechos formaron parte de la instrucción del primer procedimiento, hechos que podrían haber permitido la acusación por un delito de agresión sexual que constaba en el auto de continuación por los trámites del procedimiento abreviado. En dicho primer procedimiento el Ministerio Fiscal y la acusación particular no formularon acusación por unos hechos que constaban en el auto que delimitaba aquéllos hechos por los que se podía acusar. Tampoco recurrieron el auto de continuación por considerar que el resto de hechos que figuraban en la instrucción relativos a la inducción a mantener relaciones sexuales con terceros no se incluían en los hechos que fijaban los que podrían ser objeto de enjuiciamiento. En definitiva, tanto la acusación particular como el Ministerio Fiscal dispusieron de la posibilidad de acusar por el delito de agresión sexual y pudieron recurrir dicho auto para incluir si lo estimaban oportuno los hechos que podrían dar lugar a acusar por un delito de prostitución, y no lo hicieron. Los hechos pudieron ser enjuiciados en ese primer procedimiento y no fueron objeto de acusación, por lo que aprecia le excepción de cosa juzgada.
